Este verano, la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP) ha actualizado las tres guías sobre la operativa de funcionamiento del principal buscador de licitaciones públicas es España para ayudar a entes públicos y licitadores a manejarse por el portal, recibir puntualmente las novedades o presentar electrónicamente las ofertas.

La Junta de Andalucía ha presentado un paquete de medidas para reducir el consumo energético de la Administración autonómica y hacer más eficientes sus sedes y su movilidad. De paso, las medidas suponen nuevas oportunidades de negocio público para consultoras de descarbonización, empresas de rehabilitación energética, fabricantes e instaladores de tecnología fotovoltaica o marcas de cargadores de vehículos eléctricos.

La CNMC ha impuesto multas por un total de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas, destinadas a infraestructuras, como hospitales, puertos, aeropuertos o carreteras. Las empresas sancionadas son Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr.

El informe de OIReScon sobre la contratación estratégica en las compras del sector público español durante 2020 detecta un incumplimiento general de las obligaciones en esta materia fijadas por la normativa europea y española de contratación pública. El Informe Especial de Supervisión Relativo a la Contratación Estratégica aprecia que la inclusión de criterios de adjudicación de carácter social, medioambiental o de innovación en procedimientos de contratación se incumplió en el 82% de los casos analizados.

El Ministerio de Política Territorial está ultimando el Estatuto Básico de los Municipios con Menor Población para mejorar la organización, el funcionamiento y la prestación de servicios por parte de las Administraciones Locales, y, particularmente, simplificar los procedimientos de contratación en municipios menores de 5.000 habitantes que, muchas veces, carecen de personal especializado para redactar pliegos o supervisar un proceso de compra pública conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

El Decreto Ley de Reformas para el Plan de Recuperación aumenta los umbrales para que las Administraciones puedan utilizar los procedimientos simplificado y supersimplificado en sus contrataciones. El contrato simplificado, que hasta ahora era posible para obras de hasta dos millones de euros y para servicios o suministros de hasta 100.000, ahora se podrá utilizar en obras de dos millones de euros y en suministros o servicios de 139.000 euros de presupuesto, como máximo.

el Tribunal de Cuentas fiscalizará el cumplimiento efectivo de las obligaciones ambientales y sociales fijadas en los contratos del sector público y que, hasta ahora, no eran casi nunca comprobadas. Las cláusulas sociales, medioambientales o de apoyo a la innovación son una exigencia novedosa de la vigente Ley de Contratos del Sector Público y, de hecho, vienen recogidas en el objeto, las especificaciones técnicas, los criterios de selección y las condiciones de ejecución de la mayoría de concursos públicos.