La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un total de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas para la edificación y obra civil de infraestructuras, como hospitales, puertos, aeropuertos o carreteras. Los concursos públicos alterados por este cártel fueron convocados desde 1992, sobre todo, por el Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) y sus organismos y entidades públicas empresariales dependientes. Las empresas sancionadas son Acciona Construcción (con una multa de 29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC Construcción (40,4 millones), Ferrovial Construcción (38,5 millones), Obrascón Huarte Lain (21,5 millones) y Sacyr Construcción (16,7 millones) y, a las multas propuestas se une la prohibición de contratar con la Administración Pública durante periodos determinados.
Según explica la nota de prensa de la CNMC, «desde 1992, el Grupo se reunía semanalmente para analizar las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado. En las reuniones, las empresas decidían los concursos en que iban a compartir -entre todas o en un subgrupo- una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones. Los trabajos se encargaban conjuntamente por los miembros del Grupo a empresas externas. Las empresas no podían modificar los trabajos generados en conjunto para presentarlos en sus ofertas sin el conocimiento y la aprobación del resto de miembros del grupo. La única personalización admitida era la inclusión de logos y denominaciones de cada empresa en el documento conjunto para dar a las administraciones una apariencia de independencia en la presentación de las ofertas. Las empresas desarrollaron unas complejas normas de funcionamiento que fueron evolucionando durante el tiempo que duró la conducta».
«Además, en los encuentros semanales, las empresas intercambiaban información comercial sensible (diferente de la necesaria para compartir los trabajos), por ejemplo, su intención de concurrir o no a licitaciones, o la intención de formar UTEs y los miembros que las integrarían», concluye la CNMC.
7 de julio de 2022
