El Gobierno ha aprobado el Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado para racionalizar el uso de la energía en edificios públicos, infraestructuras y transporte y, de paso, asumir “un papel de liderazgo y ejemplaridad” ante las demás administraciones y las entidades privadas. Este plan y otros similares para las Administraciones locales y autonómicas configuran al sector público como una fuente clave de oportunidades de negocio para empresas de “energía verde” en los próximos dos años.