Todos los negocios, sectores o colectivos se enfrentan en alguna ocasión a desafíos regulatorios que comprometen su viabilidad y en los cuales es preciso intervenir. Con frecuencia, los actores privados llaman a la puerta del regulador para exponer la justicia de sus demandas, pero éstas no son atendidas. Muchas veces, ni siquiera son escuchadas.
La buena noticia es que corren nuevos tiempos en el juego político y en la defensa legítima de intereses. Con nosotros, nuestros clientes pueden solucionar crisis regulatorias potencialmente devastadoras aprovechando su mayor fortaleza, que es su empatía social y la capacidad de agrupar a su alrededor apoyos diversos, desde ONG a la opinión pública pasando por asociaciones sectoriales, instituciones públicas, personalidades, medios o comunidades de redes sociales.
Es una forma de trabajo emergente en la gestión de los asuntos regulatorios que se denomina “lobby social” y que está permitiendo a nuevos actores participar en la defensa legítima de sus intereses por su contrastada eficacia a la hora de abrir las puertas de la Administración y negociar en las mejores condiciones. Todo ello desde la transparencia, la ética y el deseo de contribuir a mejorar la sociedad y la gestión pública.
