El Gobierno aumenta los umbrales para utilizar los procedimientos simplificado y supersimplificado de contratación pública
El Decreto Ley de Reformas para el Plan de Recuperación aumenta los umbrales para que las Administraciones puedan utilizar los procedimientos simplificado y supersimplificado en sus contrataciones. El contrato simplificado, que hasta ahora era posible para obras de hasta dos millones de euros y para servicios o suministros de hasta 100.000, ahora se podrá utilizar en obras de dos millones de euros y en suministros o servicios de 139.000 euros de presupuesto, como máximo.
La Administración Pública Electrónica es ya una realidad
La apuesta por la Administración Electrónica va en serio porque ahorra tiempo y dinero a los ciudadanos y mejora la motivación y el rendimiento de los empleados públicos. La décima edición del Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos ha servido para intercambiar experiencias y conclusiones sobre una Administración Pública más eficiente, sencilla, accesible y, ante todo, electrónica. Presentamos algunas de las iniciativas más interesantes de innovación en servicios públicos.
Industria publica una guía para acercar la contratación pública a las pequeñas y medianas empresas
La Guía Práctica de la Contratación Pública para las PYME explica que oportunidades ofrece este mercado para los pequeños negocios, cómo prepararse para operar solventemente en un mercado de 130.000 millones de euros anuales o que documentos hay que tener siempre a mano para no perder ninguna oportunidad
La CNMC declara la guerra a los cárteles de las licitaciones
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto a 15 conocidas empresas una multa de 118 millones de euros por formar un cártel para monopolizar contratos de infraestructura ferroviaria de Adif, y, por primera vez, ha activado el procedimiento de no contratación con la Administración Pública contra todas estas firmas. La CNMC pretende acabar con los cárteles creados por grandes empresas para monopolizar la contratación pública, una práctica que según el propio regulador supone sobrecostes de 40.000 millones de euros anuales al presupuesto público
