La denominada “farmacia comunitaria” ha desatado una agria batalla regulatoria entre el sector de enfermería y los farmacéuticos por la pretensión de éstos últimos de realizar en sus farmacias tareas que hoy realizan los enfermeros en atención primaria, como seguimiento de pacientes crónicos, cribado de pacientes en diferentes patologías o visitas domiciliarias y revisión de botiquines.
El Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, Satse, entre otros, se han dirigido a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, a través de la Mesa de la Profesión Enfermera para pedirle que, de manera conjunta con las comunidades autónomas, frene el intento de la autodenominada ‘farmacia comunitaria’ de “privatizar la atención sanitaria y usurpar funciones asistenciales que legalmente no le corresponden por un mero interés de lucro empresarial”. Según los representantes de enfermería, desde el Consejo General de Farmacéuticos se pretende disponer de una zona de atención personalizada en las oficinas de farmacia, tener acceso a la historia clínica de los pacientes e, incluso, llegar a vacunar.
En su carta, los representantes de la Mesa de la Profesión Enfermera recuerdan a la ministra de Sanidad que, tanto el Consejo General de Farmacéuticos como otras instituciones del ámbito farmacéutico, están promoviendo desde hace tiempo acciones que buscan sin reparo la privatización encubierta de servicios asistenciales que ya se realizan en Atención Primaria y que conllevan la usurpación de funciones propias de las enfermeras y enfermeros y de otras profesiones sanitarias.
