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OIReScon detecta un incumplimiento general de la contratación pública estratégica en nuestro país

El informe de OIReScon sobre la contratación estratégica en las compras del sector público español durante 2020 detecta un incumplimiento general de las obligaciones en esta materia fijadas por la normativa europea y española de contratación pública. El Informe Especial de Supervisión Relativo a la Contratación Estratégica aprecia que la inclusión de criterios de adjudicación de carácter social, medioambiental o de innovación en procedimientos de contratación se incumplió en el 82% de los casos analizados.

El ´phising´ se sofistica para estafar a adjudicatarias públicas inexpertas

La Plataforma de Contratación del Sector Público está alertando de un nuevo fraude dirigido a empresas adjudicatarias de contratos en fase de formalización a las que ciberdelincuentes que suplantan la identidad de la propia plataforma o de entidades adjudicadoras requieren vía correo electrónico el depósito en una cuenta bancaria de la garantía definitiva del contrato. Esta forma de “phising” puede suponer a la empresa pérdidas de muchos miles de euros dado que el importe de la garantía definitiva suele ascender a un 5% del contrato y, en casos especiales, hasta un 10%.

El Informe Anual de OIReScon, muy crítico con nuestra contratación pública

El segundo Informe Anual de Supervisión de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) ha revelado lo lejos que aún se encuentran las entidades públicas españolas de los objetivos y obligaciones que marcan la Ley de Contratos del Sector Público y la Directiva europea de Contratación Pública. El informe 2020 de OIReScon critica la falta de una programación en las compras públicas, la falta de una contratación pública responsable o la escasez de medidas que favorezcan el acceso de pymes a contratos públicos.

El Estatuto de los Municipios con Menor Población simplificará la contratación pública en los pequeños ayuntamientos

El Ministerio de Política Territorial está ultimando el Estatuto Básico de los Municipios con Menor Población para mejorar la organización, el funcionamiento y la prestación de servicios por parte de las Administraciones Locales, y, particularmente, simplificar los procedimientos de contratación en municipios menores de 5.000 habitantes que, muchas veces, carecen de personal especializado para redactar pliegos o supervisar un proceso de compra pública conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

El Gobierno aumenta los umbrales para utilizar los procedimientos simplificado y supersimplificado de contratación pública

El Decreto Ley de Reformas para el Plan de Recuperación aumenta los umbrales para que las Administraciones puedan utilizar los procedimientos simplificado y supersimplificado en sus contrataciones. El contrato simplificado, que hasta ahora era posible para obras de hasta dos millones de euros y para servicios o suministros de hasta 100.000, ahora se podrá utilizar en obras de dos millones de euros y en suministros o servicios de 139.000 euros de presupuesto, como máximo.

La Administración Pública Electrónica es ya una realidad

La apuesta por la Administración Electrónica va en serio porque ahorra tiempo y dinero a los ciudadanos y mejora la motivación y el rendimiento de los empleados públicos. La décima edición del Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos ha servido para intercambiar experiencias y conclusiones sobre una Administración Pública más eficiente, sencilla, accesible y, ante todo, electrónica. Presentamos algunas de las iniciativas más interesantes de innovación en servicios públicos.

La CNMC declara la guerra a los cárteles de las licitaciones

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto a 15 conocidas empresas una multa de 118 millones de euros por formar un cártel para monopolizar contratos de infraestructura ferroviaria de Adif, y, por primera vez, ha activado el procedimiento de no contratación con la Administración Pública contra todas estas firmas. La CNMC pretende acabar con los cárteles creados por grandes empresas para monopolizar la contratación pública, una práctica que según el propio regulador supone sobrecostes de 40.000 millones de euros anuales al presupuesto público

El Tribunal de Cuentas fiscalizará las obligaciones ambientales y sociales en la contratación pública

el Tribunal de Cuentas fiscalizará el cumplimiento efectivo de las obligaciones ambientales y sociales fijadas en los contratos del sector público y que, hasta ahora, no eran casi nunca comprobadas. Las cláusulas sociales, medioambientales o de apoyo a la innovación son una exigencia novedosa de la vigente Ley de Contratos del Sector Público y, de hecho, vienen recogidas en el objeto, las especificaciones técnicas, los criterios de selección y las condiciones de ejecución de la mayoría de concursos públicos.

Claves de la contratación pública estratégica para ´pymes´

Estos días, se cumplen dos años de una norma que, sin mucho ruido, está cambiando muchas cosas en las políticas públicas y la relación de las empresas con las Administraciones: la Ley de Contratos del Sector Público. Aunque el bloqueo político de estos últimos años y la escasa capacidad de las Administraciones locales para desarrollar una norma compleja como ésta están retrasando su pleno desarrollo, en los próximos años, los nuevos criterios de adquisición pública van a revolucionar para bien las políticas de sostenibilidad, justicia social, transparencia, innovación o gestión pública.

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