Uno de los fenómenos más característicos de la economía de estos tiempos es la proliferación como nunca de conflictos por intrusismo, competencia desleal o piratería. Algunos han llamado a esta creciente conflictividad «off-market» la «uberización» de la economía porque encuentra sus causas, muchas veces, en la irrupción estrepitosa de las tecnologías de la información en sectores tradicionales, como la hostelería, el transporte de pasajeros o las finanzas. Pero en este cóctel en el que todas las líneas de la economía parecen borrosas, también influyen la globalización y la crisis.
Según un informe del Institute for Business Value de IBM («Redefiniendo los límites: la visión de la alta dirección a nivel mundial») “hasta ahora, el principal riesgo para las empresas solía ser la aparición de un nuevo competidor con un producto mejor o más barato, resultando relativamente sencillo cambiar de estrategia para afrontar el desafío. Hoy en día, sin embargo, los negocios más consolidados se están viendo amenazados por empresas de un tamaño más reducido, más ágiles -al no cargar con infraestructuras heredadas- y con modelos de negocio completamente distintos”.
Es el caso de Uber, una startup creada en 2010 y que está presente hoy en 60 países pese a que cada nuevo mercado les ha supuesto una verdadera guerra. Este mismo mes, la polémica aplicación ha vuelto a España con algunos cambios sobre el modelo original, según el cual, cualquiera con un coche y un móvil puede hacer el mismo servicio que un taxista profesional con licencia. Ahora, se exige a sus «taxistas» que tengan licencia de Vehículo de Turismo con Conductor (VTC), un requisito que limita notablemente el alcance de su propuesta, pero que difícilmente va a calmar a los irascibles taxistas. De hecho, su competidora Cabify ya había intentado evitar la guerra con los transportistas poniendo esa misma condición, y, aunque la hostilidad del gremio es menor hacia la aplicación española, eso no ha evitado tener que responder ante los tribunales y -en el futuro- seguir la misma suerte regulatoria que Uber.
La guerra extramercado en el sector del transporte se reproduce con parecidos argumentos entre las aplicaciones para compartir tu
propio coche, que no es más que aplicar la tecnología móvil a la práctica ancestral de compartir coche entre compañeros de trabajo y repartir el coste de gasolina. BlaBlacar, Amovens y compañía argumentan, naturalmente, que esta actividad no es un negocio sino un mero reparto de gastos. Pero, para el sector de autobuses o trenes, la tecnología convierte en masivo algo que era marginal hace unos años hasta el punto de ver peligrar un trozo pavoroso de su negocio. De momento, la demanda legal de Confebus, la patronal de los autobuses, contra BlaBlaCar está pendiente de resolución, aunque aquí, la empresa francesa ha evitado la peligrosa «suspensión cautelar» que tanto daño ha hecho a Uber.
Airbnb y otra docena de webs han descolocado a los tradicionales alojamientos (hoteles, apartahoteles, pensiones, casas rurales…) con una propuesta tan simple como innovadora: permitir a particulares alquilar habitaciones o viviendas sin que te afecte la enorme normativa hostelera, sin declarar ingreso alguno y, por tanto, a precios muy inferiores a los de un hotel o similar. Pese a tener enfrente a un sector tan poderoso como el hostelero y a su lobby –Exceltur-, ni los tribunales ni la Administración han podido frenar estas prácticas consideradas por los hoteleros como competencia desleal y que centran desde hace años todos sus congresos y reuniones sectoriales. AirBnB y compañía consideran que están sufriendo una campaña de acoso para eliminarlos del mercado y del resultado de esta guerra regulatoria pende el futuro de ambos sectores mucho más que de su estrategia de marketing, su política de financiación o sus sistemas de calidad.
Fotovoltaica, perfumes, casas rurales …
Otra guerra extramercado se ha dado entre los pequeños productores de electricidad fotovoltaica, golpeados sin piedad por sucesivas regulaciones del sector eléctrico dictadas a los ministros Sebastián y Soria por las grandes eléctricas, según las patronales UNEF y AMPIER, además de organizaciones consumeristas, ecologistas y todos los partidos políticos, a excepción del Partido Popular. La proliferación de huertos solares no era un problema en tiempos de bonanza, pero al empezar la crisis, la competencia de pequeños pero numerosos competidores empezó a preocupar al «lobby del kilowatio». Y ya se sabe que no hay mejor manera de influir en La regulación que «nombrando» al ministro del ramo.
¿Más conflictos extra-mercado? La falsificación de perfumes y cosméticos le cuesta al sector unas pérdidas de 949 millones de euros anuales en España, el 17 % de su facturación, según un estudio de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa). Situaciones parecidas se dan en el sector de las casas rurales (con un porcentaje no inferior al 20% de alojamientos ilegales), los talleres mecánicos (golpeados duramente por la proliferación de talleres ilegales pese al trabajo incansable de la Guardia Civil), la industria de contenidos (La piratería digital se ha disparado hasta el 87% del total de contenidos consumidos en 2015, según La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos), las mudanzas (imposible no ver a los transportistas piratas a las puertas de cualquier gran tienda de muebles), la cerrajería (la mayoría de los cerrajeros de pegatina son ilegales)….
«Es obvio que la sociedad está cambiando -concluye Carmen Alvarez, abogada de Art & Iure y especialista en este tipo de conflictos- y es obvio que las Administraciones Públicas tienen que adaptarse».
