Fuertes en el escenario regulatorio


 

Todos los negocios, sectores o colectivos se enfrentan en alguna ocasión a desafíos regulatorios que comprometen su viabilidad y en los cuales es preciso intervenir. Con frecuencia, los actores privados llaman a la puerta del regulador para exponer la justicia de sus demandas, pero éstas no son atendidas. Muchas veces, ni siquiera son escuchadas.

La buena noticia es que corren nuevos tiempos en el juego político y en la defensa legítima de intereses. Con nosotros, nuestros clientes pueden solucionar crisis regulatorias potencialmente devastadoras aprovechando su mayor fortaleza, que es su empatía social y la capacidad de agrupar a su alrededor apoyos diversos, desde ONG a la opinión pública pasando por asociaciones sectoriales, instituciones públicas, personalidades, medios o la gente de redes sociales.

Es una forma de trabajo emergente en la gestión de los asuntos regulatorios que se denomina “lobby social” y que está permitiendo a nuevos actores participar en la defensa legítima de sus intereses por su contrastada eficacia a la hora de abrir las puertas de la Administración y negociar con el regulador en las mejores condiciones. Todo ello desde la transparencia, la ética y el deseo de contribuir a mejorar la sociedad y la gestión pública y a un coste asumible para todo tipo de organizaciones.

Tenemos una amplia experiencia en conflictos de competencia desleal e intrusismo, abusos regulatorios, abusos corporativos o bloqueos en la comunicación con el regulador, pero podemos ayudar en otras crisis regulatorias e, incluso, trazar una estrategia de largo recorrido que prevenga en el futuro este tipo de situaciones y asegure la viabilidad de la entidad.

Somos un equipo tenaz de especialistas en comunicación, social media, opinión pública, ciencias políticas, derecho, activismo y lobbying que lucha cada día para proteger los intereses de sus clientes en los diferentes escenarios de decisión regulatoria.

Todo ello, desde la transparencia, la ética y el deseo de contribuir a mejorar la sociedad y la gestión pública y a un coste asumible para todo tipo de organizaciones.

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