Es una de las formas de lobby más controvertidas que utilizan aquellas industrias que anteponen sus cuentas de resultados a la salud de la gente o al medio ambiente. Algunos lo llaman post-verdad científica; otros, fabricantes de incertidumbre regulatoria; y, los más irónicos, autores de “ciencia ficción”. Se trata, sencillamente, de manipular la ciencia para confundir o hacer dudar al regulador que amenaza con restringir la manufactura y venta de algún presunto veneno.
A finales de noviembre, un equipo de investigadores de la Universidad de California publicaba en la revista PLOS Biology una revisión de cientos de informes y estudios de la industria norteamericana del azúcar entre los años 50 y 70 para explicar cómo este lobby manipuló la ciencia en beneficio del negocio. En 1970, la Sugar Research Foundation (SRF), por ejemplo, experimentó con animales para analizar los vínculos entre consumo de azúcar, niveles de grasa en sangre y enfermedad cardiaca. Sus resultados encontraron un mayor nivel de colesterol en ratas alimentadas con azúcar frente a otras alimentadas con almidón. Cuando la SRF conoció esos datos que apuntaban a una relación entre el consumo de azúcar y la enfermedad cardiaca, cesó las investigaciones y nunca publicó sus resultados.
Según el equipo californiano de investigadores, la SRF -rebautizada como Asociación del Azúcar-, ha financiado numerosas revisiones de estudios incómodos sobre efectos del azúcar dirigidas a sembrar dudas en la sociedad norteamericana y, sobre todo, en su Administración, que, pese a la plaga de obesidad, diabetes o caries que sufre ese país, no ha tomado aún medidas para reducir el consumo de sacarosa. Después de años “colaborando” con el Instituto Nacional para la Investigación Dental y con el Programa Nacional para la Caries (NCP) ésta última eliminó de su lista de prioridades las investigaciones para medir cómo algunas comidas específicas –empezando por los dulces o las bebidas azucaradas- causan caries y “no logró reducir significativamente el problema de la caries dental, una enfermedad prevenible que sigue siendo la principal enfermedad crónica entre niños y adolescentes de Estados Unidos”, concluye el artículo.
Plástico estrogénico
El bisfenol A es un plástico de múltiples aplicaciones en carcasas de ordenadores, discos compactos, papel térmico, ropas de protección, material eléctrico, adhesivos, latas de conservas, biberones, empastes dentales o fármacos. Desde hace dos décadas, numerosos estudios vienen alertando de que este producto es un poderoso alterador del sistema endocrino y, además, a altas dosis o a dosis continuadas podría ser también tóxico, cancerígeno y alergénico, motivos por los cuales, desde los años 90, están siendo reevaluados sus riesgos con vistas a una posible prohibición, como ocurriera décadas atrás con otros productos nocivos, como el DDT, el lindano, el endosulfán, los PCB o el amianto. Sin embargo, en el caso del bisfenol, parece que el principio de precaución va a tardar en ser aplicado, entre otras razonas, porque la industria que hay detrás ha aprendido a maniobrar entre los innumerables comités científicos, técnicos y políticos que hay detrás de estas reevaluaciones en la Unión Europea o la Administración de Estados Unidos.
Según Environmental Science & Technology (ES&T), una publicación de la Universidad de Iowa (EEUU), el Consejo de los 
Plásticos Americanos (APC, el principal lobby del sector en Estados Unidos) encargó al Weinberg Group, una consultora especializada en controversias científicas, su posición oficial contra los intentos de regulación del bisfenol y otros alteradores endocrinos por parte de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de EEUU) y el estado de California. Según ES&T, el personal de Weinberg ha promovido la publicación de artículos “favorables” en revistas científicas, ha dirigido cartas a esas mismas publicaciones rebatiendo estudios que advertían sobre los peligros del bisfenol y compañía, ha asistido a conferencias que dan los autores de esos estudios para contradecirles, ha preparado a representantes de las compañías químicas para declarar ante entidades gubernamentales e, incluso, han explicado el punto de vista empresarial ante comités legislativos y medios de comunicación, aunque esto último, a menudo, lo han hecho sin mencionar que estaban ligados a una empresa de lobby contratada a su vez por la industria fabricante.
Según Frederick vom Saal, un biólogo de la Universidad de Missouri experto en bisfenol, todas estas acciones –que él ha sufrido personalmente– crean la ilusión ante la opinión pública y ante las distintas Administraciones de una controversia científica ante la 
que nunca se acuerdan prohibiciones o restricciones . De hecho, ni en Estados Unidos ni en Europa se han acordado aún medidas para restringir el bisfenol A, ni siquiera en usos alimentarios, los que podrían provocar daños más graves y probables en la salud humana.
Según una carta de presentación del propio Weinbreg Group, esta empresa, con sede en Washington, tiene en nómina a un gran número de científicos, médicos, abogados y otros expertos para defender con argumentos científicos los intereses de todas aquellas empresas con productos “en riesgo” de ser prohibidos o restringidos por razones sanitarias o ambientales: el agente naranja (un arma química), el PFOA (un componente básico del teflón de las sartenes, sospechoso de inducir cánceres), los ftalatos de ciertos juguetes, etcétera. La misma carta indica que esta empresa ofrece “estrategia de defensa basada en la ciencia ante demandas judiciales, regulaciones o decisiones administrativas que ponen bajo presión a un determinado producto. Recibe, revisa y analiza toda la información relevante disponible sobre un determinado producto que puede ser útil para su cliente”. David Michaels, experto en gestión pública de la Universidad George Washington, denomina el trabajo de estos grupos como “fabricación de incertidumbre” para evitar o retrasar regulaciones y demandas judiciales. Otros, irónicamente, denominan esa labor como “ciencia ficción” porque se toma la ciencia para hacer afirmaciones ficticias en la dirección deseada por el cliente.
Los temibles PCB y General Electric
Jonathan Borak es otro de esos “hombres de ciencia” que ha preferido usar sus conocimientos con fines más lucrativos que el 
trabajo de laboratorio. Como sus colegas del Weimberg Group es “consultor científico” al servicio de empresas acusadas de dañar la salud pública. Fundó en 1986, en el estado de Connecticut, la Jonathan Borak & Company, otra consultora de lobby especializada en controversias científicas. Su oferta era –y es– simple: si los organismos reguladores de Estados Unidos, Europa o Japón toman medidas contra pesticidas, plásticos, aislantes o disolventes basándose en el “peso de las evidencias”, no importa que las evidencias acusatorias se amontonen en contra de un determinado producto, lo que hace falta es “crear” un buen número de evidencias exculpatorias.
Y eso es lo que hacen estas consultoras norteamericanas donde los abogados o relaciones públicas de otros lobbies profesionales son sustituidos por expertos en ciencia, que no científicos: revisan estudios incómodos para buscar debilidades que los descalifiquen a los ojos de los organismos reguladores; compendian estudios favorables a la industria para “facilitar la tarea” a esos mismos organismos, no vaya a ser que sólo se escuchen razones en contra del producto; coordinan estudios científicos cuando no hay más remedio que rascarse el bolsillo para llegar a la conclusión de que tal pesticida o ese plástico no produce cáncer ni ninguna otro mal….
Desde los años 90, Borak y asociados ha colaborado con el gigante norteamericano General Electric para salvarle los muebles en el espinoso asunto de los PCB, unos compuestos organoclorados extremadamente tóxicos que, durante décadas, fueron usados en adhesivos, aislantes del fuego, ceras, tintas, aceites, fluidos industriales y otros muchos productos. Infinidad de estudios concluyeron que los PCB causan múltiples daños sobre el aparato reproductivo, la glándula tiroides y el desarrollo del feto en varios tipos de animales. Tanto la Organización para la Investigación del Cáncer como la EPA de Estados Unidos los consideran “probablemente cancerígenos” en humanos, motivo por el cual fueron prohibidos allí y en otros países occidentales durante los años 70 y 80. Desde finales de los años 90, el trabajo de esta consultora se ha centrado en frenar demandas multimillonarias contra la compañía por parte de las posibles víctimas de la exposición a los PCB o de los familiares de personas muertas presuntamente por esta exposición.
Borak y compañía han trabajado también como “lobbistas científicos” en favor de otros controvertidos productos industriales, como el MTBE (un componente peligroso de las gasolinas), el ya citado PFOA del teflón, los percloratos (usados en combustibles especiales y explosivos) o los ftalatos indispensablse en el plástico PVC.
